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+++ Abogados de Razo Chapa recurren a chicanada para ganar tiempo, denuncian a juez Oscar Hernández sin pruebas, y el Fiscal que escondía carpeta ministerial, es concentrado en Xalapa mientras se le investiga si fue parcial con denunciados por Luis Barquín
Agencias
Veracruz, Ver.- La Dirección del Registro Público de la Propiedad y de la Inspección General de Notarías detectó una serie de irregularidades en los expedientes de varios predios que se asientan en la zona de alta plusvalía que colindan con El Conchal y Antón Lizardo.
Entre los predios detectados con movimientos irregulares en sus escrituras, resaltan La Pichancha, Santa María y Buenavista, cuya posesión está en disputa entre Mario Razo Chapa y Luis Barquín.
En medio de este escándalo, sin pruebas, ni testigos o vídeos en donde se compruebe que el juez ha faltado a la ley, la defensa de Mario Razo Chapa denunció por presuntos actos de corrupción al juez Oscar Hernández Carmona.
Fuentes cercanas al caso, explicaron que la estrategia de los apoderados de Razo Chapa es difamar al juez para ganar tiempo y levantar lo más pronto posible una construcción fastuosa que se hace en dicho predio, que invadieron en días pasados, para tener más elementos y evitar ser frenados por la autoridad.
Sobre el caso, se sabe que el fiscal que llevaba la carpeta de investigación por este escándalo, Fernando Pensado Ortega, ha sido separado de su cargo como titular de la Sub Unidad de la Fiscalía General del Estado en Boca del Río, y actualmente está bajo investigación, concentrado en Xalapa, al saberse las irregularidades de este expediente.
JUEZ SALE AFECTADO
La defensa de Luis Barquín denunció en días pasados el despojo del que fue blanco a manos de Razo Chapa y de su “apoderado legal”, Marcos Calles Tejeda.
La denuncia se asentó en la carpeta UIPJ/DXVII/225/2019, contra Mario Razo Chapa y quien o quienes resulten responsable por el delito de despojo.
Marcos Calles Tejeda está señalado porque a marrazos abrió un boquete en la barda de Barquín para allanar el terreno y consumar el despojo por órdenes de Razo Chapa, quien pretende construir un fraccionamiento de lujo.
En seguimiento a la carpeta, en el oficio PM/894/2019, del seis de septiembre pasado, la delegación de Policía Ministerial acude al terreno citado en donde se entrevistan con Marcos Calles Tejera, quien admite que por órdenes de Razo Chapa es que rompen la barda para meter maquinaria pese a no contar con papeles o permisos.
“Me dijo que tenía que limpiar, barrear y emparejar todo el terreno ya que probablemente va construir un fraccionamiento”, dice Calles Tejeda a ser entrevistado por la Policía Ministerial.
Durante varios días, la defensa de Barquín (quien acreditó ser propietario de La Pichancha), no tuvo acceso a la carpeta de investigación que estaba integrando Pensado Ortega, y daba diversos pretextos para no mostrarla a la parte que se dice agraviada por Razo Chapa, al grado de alegar que no había actuaciones.
Pero el pasado 23 de octubre, al celebrar el juez de control Oscar Hernández Carmona audiencia sobre el tema, la defensa de Barquín tuvo por primera vez a la mano la carpeta que tanto ocultó Pensado Ortega, y se dieron cuenta de que sí había avanzado, pero todo de manera parcial, a favor de Razo Chapa, tan es así, que hasta se acumuló una denuncia contra los apoderados de Barquín, y ni si quiera notificó a los señalados, obstruyendo que tuviera derecho a defensa.
Fue en ese contexto que el juez citó a la contra parte representada por Marcos Calles Tejeda, y lejos de llegar a la audiencia, se fueron a Xalapa a poner denuncia contra el togado, alegando que había recibido sobornos de la otra parte, para ser parcial, ello, al descubrirse que la única parte parcial acá, era el Fiscal Pensado Ortega.
Tan es así, que a la fecha está fuera de esa carpeta, concentrado en Xalapa, con riesgo de ser suspendido de sus funciones al notarse sus omisiones y abusos en la integración de la carpeta.
PREDIOS IRREGULARES
En el oficio SDRP/1278/2019, girado por David Agustín Jiménez Rojas, titular de de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de la Inspección General de Notarías, se advierte que han encontrado irregularidades en escrituras emitidas a favor de diversos predios en la zona de alta plusvalía de El Conchal, como Santa María, Buenavista, Punta y Hato, Antón Lizardo, Mandinga, La Aguada, La Matosa y la Pichancha.
Estos están bajo revisión pues “se observó que los antecedentes de dicha zona reportan al margen cancelaciones de notas, cancelaciones de inscripciones, juicios pendientes de resolución, así como bloqueos ministeriales”.
Lo más serio es que “existen discrepancia en cuanto al número de inscripciones que se encuentran en el registro ya que estas exceden la superficie original”, es decir, como si la tierra se hubiera duplicado.
Esta irregularidad es notificada a Guillermo Hoz Olivares, registrador de la décima séptima zona registral con cabecera en Veracruz; Liliana Janet de la Rosa Lagunes, Oficial de la Décima Séptima Zona Registral de la Cabecera de Veracruz; José Juan Guzmán Utrera, Registrador de la Segunda Zona Registral con Cabecera en Boca del Río; y a Ricardo Ituriel Troncoso Coutiño, Oficial de la Segunda Zona Registral con Cabecera en Boca del Río.
A todos ellos se les pide tener especial cuidado con lo que pasa en esa zona, para evitar los vicios de administraciones pasadas.
ESCRITURA BAJO SOSPECHA
Acá debe anotarse que la escritura con la cual Razo Chapa reclama ser dueño de ese terreno, fue elaborada ante el notario Ernesto Galán Borja, de Teuzitlán, Puebla el 20 de septiembre de 2017, por contrato de compra-venta de La Pichancha entre José Enrique Cazarín Suárez (vendedor) y Mario Razo Chapa (comprador) por 15 millones de pesos.
Y ese contrato a su vez está sustentado en una escritura presentada por José Enrique Cazarín Suárez, por sucesión testamentaria, de sus padres, Clara Suárez Hernández y Crispín Cazarín García, instrumento 79755, en la notaría de Pablo Pérez Kuri, el 16 de mayo del 2017.
Y Pérez Kuri, se recuerda, renunció al ejercicio notarial y entregó su poder al gobierno de Veracruz el 17 de febrero del 2017, el decreto se publicó en la Gaceta Oficial el 16 de marzo del mismo año, y en consecuencia se declaró vacante la notaría.
En el decreto no se dan más detalles por qué renuncia, pero fue en el contexto de investigaciones que realizaba la administración de Miguel Ángel Yunes Linares a diversas notarías por presuntamente irregularidades.
Y aunque la de Pérez Kuri oficialmente no estuvo en esa lista, el 17 de mayo del 2017, el Presidente del Colegio de Notarios de Veracruz, Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, emitió la circular 49/17 dirigida a sus compañeros notarios donde advertía tener cuidado con si recibían “algún instrumento público que haya sido otorgado en la notaría pública 07 la cual estuviera a cargo de Pablo Manuel Pérez Kuri”, pues se debían tomar medidas preventivas “con la finalidad de verificar la legalidad y la existencia del mismo y así evitar ser sorprendió otorgando contrato o acto contrario a derecho”.
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