La ministra de la Suprema Corte de la Nación, Norma Piña, y sus allegados deciden, para dejar intocados los privilegios propios y de los altos mandos de esta institución, aplicar a los derechos de las y los trabajadores del poder judicial la mayoría del recorte de 12% a su presupuesto propuesto por el poder ejecutivo
Es indispensable mencionar que, aunque el ejecutivo propuso un recorte al presupuesto general de la Suprema Corte -así como a distintas secretarías y órganos de gobierno-, el proceso de distribución del presupuesto asignado corresponde única y exclusivamente a las y los ministros de esta, pues con fundamento en Artículo 100, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2, fracciones XII y XV, y 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el poder judicial y por ende la SCJN tienen autonomía presupuestaria, concepto que según su propia página de transparencia define de la siguiente manera “Consiste en la autodeterminación y racionalización del gasto de los recursos que considera necesarios e indispensables para su operación, así como su estructura organizacional, de gestión y normativa requeridas para garantizar la impartición de justicia imparcial e independiente y para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.”, es decir, quien decide en qué se gasta cada peso de su presupuesto es el mismo poder judicial y no el poder ejecutivo, ni tampoco el legislativo.
Derivado de lo anterior, en el proyecto de presupuesto elaborado por la corte, a propuesta de la ministra presidenta se tomó la decisión apretarle el cinturón a su trabajadoras y trabajadores a través de las siguientes propuestas:
- Suprimir el bono de fin de año para los trabajadores operativos de niveles de PO33 al MM14.
- Disminuir el 50% del presupuesto del comedor para los trabajadores.
Durante la discusión de dicho proyecto, una voz claramente se pronunció en contra, no solo a través de su voto, sino realizando una batería de propuestas que ella misma revela en su cuenta de X y que retomo con fines informativos en la presente nota, la ministra Lenia Batres propuso:
- “Que, en vez de estos dos rubros, se suprimieran los montos destinados a:
- Apoyo de comidas para ministros y ministras (hasta enero del año pasado, $85,000 por persona)
- Seguro de separación individualizado para quienes no tenemos por Condiciones Generales de Trabajo
- Seguro de Gastos Médicos Mayores para quienes no lo tenemos por Condiciones Generales de Trabajo
- Medicamentos no previstos en el seguro de gastos médicos mayores Colegiaturas en escuelas privadas.”
Sin embargo, el proyecto original quedó aprobado, afectando, como ya se dijo, a las y los trabajadores de puestos menores en el escalafón de la corte, aunque dicha información se utilizó de manera facciosa aprovechando la ignorancia del proceso de aprobación del presupuesto y se dijo a las y los trabajadores afectados que el recorte aplicado a sus prestaciones ganadas había sido decisión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Nada mas alejado de la verdad. Pues para terminar la presente nota retomo de nuevo información de la página de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del proceso de aprobación del presupuesto del poder judicial:
- Aprobación del Pleno de la SCJN del Proyecto de Presupuesto
- Entrega al Titular del Poder Ejecutivo del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial
- Entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la H. Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo
- Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la H. Cámara de Diputados
- Publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
No cabe duda de que el profundo cambio que la reforma al Poder Judicial significará para la impartición de justicia en este país también servirá para proteger a sus trabajadoras y trabajadores de canalladas como la llevada a cabo por Norma Piña y sus allegados el pasado jueves 9 de enero.
