Jorge Salazar García. 23/11/2025
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Después de enviar dos iniciativas de ley sobre el agua, la presidenta Sheinbaum informó que podrían ser aprobadas el próximo 29 de noviembre. Con ellas parece perseguir dos propósitos: 1) Que el estado recupere la regulación de las concesiones hídricas acaparadas por los dueños de inmobiliarias, refresqueras, cerveceras, mineras, granjas, etcétera y 2) Garantizar el derecho humano de accesibilidad al agua. Ambos propósitos, vista la crisis que viven quienes son despojados de sus fuentes tradicionales de agua, son de urgente atención. De ello se ocupa este artículo.
Antecedentes
Carlos Salinas modificó en 1992 el artículo 27 constitucional y promulgó la Ley de Aguas Nacionales (1992) como requisito para ingresar al Tratado de Libre Comercio (TLC, 1994). Eso permitió, prácticamente, privatizar el agua mediante concesiones. Comenzaba la era neoliberal. Desde entonces, cabilderos y abogados operan coordinados con políticos y empresarios para crear “mercados del agua” (https://www.sinembargo.mx/4727400/ensayo-la-reforma-al-agua-tiene-el-reto-de-superar-la-herencia-salinista/). Hasta ahora entonces se ha otorgado 560 mil concesiones. Algunas de ellas permiten a las grandes empresas controlar los cuerpos de agua, saneamiento, trasvases y presas hasta por 30 años. Siendo presidente, ante la presión social, Peña Nieto reconoció constitucionalmente (art 4, 2012) que el acceso al agua es un Derecho Humano. Pero no hizo la ley reglamentaria correspondiente que lo hiciera efectivo y pusiera en riesgo sus acuerdos con los acaparadores. En 2015, David Korenfeld, consultor privado instalado en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), elaboró una ley de modo que los grandes concesionarios tuvieran asegurado el derecho de tomar decisiones sobre las cuencas acuíferas y hacerlas valer con la fuerza pública. A cambio, la autoridad garantizaría a los mexicanos el acceso de ¡50 litros diarios! Esto obligó a las comunidades, ejidos, pueblos indígenas y pequeños productores rurales a movilizarse, y pudieron detenerla.
El agua en la 4T
En noviembre de 2018 la senadora morenista, Olga Sánchez Cordero, recibió 3 concesiones de las 17 que posee, para explotar 2 millones de litros anuales de un acuífero vedado en Nuevo León. Al mes siguiente López Obrador la instaló en la Secretaría de Gobernación. En 2020 AMLO incorporó por decreto el 6º párrafo al artículo 4, especificando que toda persona tiene el derecho al “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Todavía faltaba la ley reglamentaria que hicieran reales esos 4 últimos términos de ese párrafo que indudablemente afectaba a los hidromonopolios. Estos cabildearon para que el nuevo proyecto de ley les favoreciera concesionándoles caudales nacionales y permitiera a sus industrias descargar en ellos, sus líquidos residuales. Desde luego, los ciudadanos organizados la rechazaron; consensuaron una iniciativa propia y solicitaron fuera tomada en cuenta. Las fuerzas reaccionarias se movieron y consiguieron bloquear esa ley. Posiblemente esto causó la “renuncia” de la Señora Cordero al año siguiente.
En 2021 grupos de Veracruz y de Quintana Roo consiguieron el amparo para que la Suprema Corte ordenara al poder legislativo descongelar dicha ley reglamentaria. Los morenistas lo desacataron y a finales del sexenio AMLO intentó modificar los artículos 4 y 27 para priorizar el consumo doméstico del agua y prohibir concesiones en zonas con escasez y sequías. Al no resolver el fondo, heredó el problema a Claudia Sheinbaum, quien recién envió las iniciativas de Ley de Aguas Nacionales (LAN) y Ley General de Agua (LGA).
Bárbaro engaño
De acuerdo a Elena Burns Stuck, ex funcionaria de AMLO en la CONAGUA, las dos leyes violan el derecho humano al agua porque “perpetúan la ley salinista” y excluyen a las comunidades, pueblos y productores agrícolas en la toma de decisiones sobre ese derecho. De acuerdo a esas leyes, el campesino no podrá disponer libremente del agua contenida en su tierra. De hacerlo sin autorización podría recibir multas que van de 30 mil a 5 millones de pesos o prisión de 2 a 12 años. Los poderosos, en cambio, si lo podrían hacer mediante la figura de “reasignación”. El pasado 8 de noviembre, en Jalisco, la señora Burns expresó sin ambages, como líder de la Coordinadora Nacional del Agua, que ¡estamos frente a un intento bárbaro de engaño” al pueblo de México.
El 27 de septiembre pasado, en su segundo comunicado (¡Una sola agua,) esa Coordinadora y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua plantearon a la presidenta 4 necesidades urgentes:
1)Garantizar la participación de los defensores de la tierra y el agua en asuntos de las cuencas hídrica;
2)Realizar consultas informadas, antes de implementar megaproyectos;
3)Garantizar el derecho humano al agua en condiciones de equidad y
4)Detener el acoso a los Comités y los Sistemas Locales de Agua.
Por su lado, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, afirmó que legislar dos leyes del agua, además de ser anticonstitucional, protege ese modelo de gestión neoliberal que contaminó el 94% de nuestros ríos y “promueve (la) construcción de presas despojando a comunidades de sus tierras.”
Cabe especular que si las leyes de la presidenta excluyen las urgencias antes planteadas se generara una nueva etapa de despojo, posibilitando a los “aguatenientes” heredar sus concesiones mediante la figura de la reasignación de fondos y de reserva, y apoderarse de las de aquellos pequeños usuarios que las perderán por no prorrogarlas en los 6 meses establecidos (en lugar de 4.5 años).
El negocio del siglo
El agua es un negocio descomunal. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (2020) reportó que, entre 1980 y 2018, derivado de su especulación mercantil y acaparamiento, 2 mil millones de personas carecieron de ella. Sólo por la venta de agua embotellada los meganegocio reciben enorme utilidades. Según el INEGI, el 76% de las familias mexicanas gastan 12 mil millones de pesos trimestralmente comprando botellas y garrafones. Además esos señores pueden especular con ella desde 2023, ya que disponiendo de 1233 metros cúbicos en adelante pueden cotizarlos en las bolsas de valores. Eso aumenta su codiciosa, al grado de criminalizar a defensores del agua como Pascual Bermúdez y Renato Romero, y asesinar (2024) a campesinos (Jorge y Alberto Cortina en Totalco).
¿Se acaba el agua?
Aunque el 97% de agua es mar, sólo 1% esta disponible para el consumo humano. Alcanzaría para todos si fuera usada racionalmente. Es irracional, por ejemplo, perforar pozos mediante el fracking*, pues cada uno utiliza hasta 20 millones de litros de agua. Cantidad suficiente para cubrir las necesidades diarias de 4 personas utilizando 100 litros cada una ¡durante 136 años! Bueno, una mina gasta en una hora lo que esa familia consumiría en ¡20 años! A este despilfarro debe sumarse su alarmante contaminación. Respecto a esta Greenpeace Internacional reveló, en su informe “Ríos Mexicanos, Ríos Tóxicos”, que el ¡70% de nuestros cuerpos de agua! están contaminados con sustancias altamente cancerígenas como el mercurio, plomo, cromo, etcétera arrojadas por la industria. No, el agua nunca se acaba, pero sí disminuye la consumible.
Responsables
Cuidar del agua es deber de todos. Pero siendo el estado quien determina las políticas de uso y suministro, le atañe mayor responsabilidad. Es injusto que los costos de sus políticas mercantiles los pague el consumidor doméstico cobrándole un impuesto de 16%, como si fuera un artículo de lujo. Sin ir muy lejos, la Fundación Salvemos el Agua informó que en diez años (2007-2017) el pago por metro cubico en Xalapa pasó de 7.8 a 23.8 pesos (300%). Si hoy cuesta 97.41 pesos, el incremento fue de 400% en 8 años. A pesar de ello la autoridad es incapaz de garantizar lo establecido en el artículo 4 Constitucional. Cosa absurda, tomando en cuenta que Xalapa es un “lugar de manantiales”.
Viendo el crítico escenario, la aprobación de las leyes acuosas debiera posponerse hasta incorporar las propuestas de las organizaciones defensoras del agua e incluir controlarías ciudadanas, con voz y voto, dentro del sistema estatal de administración de ese recurso. Lo ideal sería cancelar las concesiones, reconocer a las comunidades el control de sus aguas y no perpetuar privilegios acuíferos a los “aguatenientes” modernos . En esta liga usted puede participar en ese espinos problema: https://actionnetwork.org/letters/urge-defender-el agua?&&can_id=45b0e389d323f068d15de764b537fbe6&email_referrer=email_2992716&email_subject=campa_a-de-acci_n-urgente-ley-de-aguas&link_id=0&source=email-campana-de-accion-urgente-ley-de-aguas
* Técnica de perforación horizontal para extraer gas y petróleo atrapados en las rocas que requieren de 9 a 29 millones de litros de agua para perforarlas.
