Xalapa, Ver.- Este martes, un grupo de ex trabajadores de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla bloquearon todos los carriles de la calle Zaragoza, frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz. Los manifestantes, liderados por Adder Óscar Juárez Téllez, demandaron atención a sus casos tras haber sido despedidos el 1 de julio de 2015, en lo que calificaron como despidos injustificados y una serie de irregularidades legales.
Los ex trabajadores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el 24 de octubre de 2019, afectando a 180 empleados despedidos. Sin embargo, hasta la fecha, solo 55 de los casos han avanzado hacia posibles judicializaciones. Juárez Téllez criticó que el proceso sigue en estado dilatorio y denunció la falta de resolución por parte de los jueces de control, calificándolo como un caso evidente de omisión judicial.
“Es muy triste que de las 180 personas afectadas, ya hayan fallecido 40 compañeros, dejando a viudas y familias desprotegidas. Muchos de nosotros somos adultos mayores o padecemos enfermedades crónicas, y vemos con desesperación que este proceso podría tardar más años”, expresó el representante.
El grupo denunció que, además de los despidos injustificados, enfrentan un caso de falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos, lo que agravó su situación. Según detallaron, estos documentos fueron utilizados para realizar cobros en una sucursal de Banorte.
“Lo que estamos peleando no es el despido en sí, sino las falsificaciones y el daño causado por las autoridades. Contamos con dictámenes a nuestro favor, pero seguimos esperando un fallo judicial que haga justicia”, señaló Juárez Téllez.
La manifestación generó un caos vial significativo en el primer cuadro de la ciudad, afectando el tránsito en una de las arterias más importantes de Xalapa. Aunque se trata de un grupo reducido, los manifestantes dejaron claro que continuarán con sus acciones hasta que las autoridades judiciales resuelvan sus demandas.
Los ex trabajadores piden que se judicialicen de inmediato las 55 denuncias pendientes y que se investiguen a fondo las irregularidades presentadas. Además, instaron a las autoridades estatales y judiciales a actuar con celeridad para evitar más muertes entre los afectados directos, quienes continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad económica y de salud.
La falta de respuesta por parte de las fiscalías y los jueces de control evidencia una problemática profunda en la impartición de justicia para estos ex servidores públicos, quienes exigen ser escuchados y tratados con dignidad tras casi una década de espera.
