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Xalapa, Ver.- Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz ( COPIPEV), ofrecieron una conferencia de prensa este martes, “Es indispensable hacer un llamado puntual y enérgico a quienes desde el pasado 3 septiembre de 2019 se han hecho cargo de la fiscalía general del estado, Verónica Hernández Giadáns, para que tenga presentes que la institución Ministerio Público tiene como plazo hasta el 27 de octubre próximo para determinar y en su caso necesidad acción penal en relación con la carpeta de investigación 245/ 2016 iniciado con motivo de la denuncia que presentamos hace 3 años en contra de quienes permitieron el saqueo del instituto de pensiones del estado de Veracruz” así lo manifestó la maestra, Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la COPIPEV.
“Cómo se recordará el primero de agosto del 2016 los miembros del frente de defensa del instituto de pensiones del estado de Veracruz (FEDIPEV), presentamos ante la fiscalía general del estado una denuncia por hechos que estimamos constitutivos de delitos derivados del ilegal trasiego de dinero del instituto de pensiones del estado (IPE), a la secretaría de finanzas y planeación del Estado (SEFIPLA), hechos que contribuyeron al quebranto de dicha institución de seguridad social y que se reflejaron en el colapso en el pago de nuestros pensiones, a lo largo de los últimos tres años peregrinamos de una instancia a otra de la fiscalía general del estado, sin que quiénes fueran titulares de misterio público, Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler, atendieran nuestro reclamo, el ahora suspendido fiscal, ni siquiera se dignó a recibirnos”.
“Cansados de esta situación acudimos ante el poder judicial del estado, en estricto apego a lo que dispone el código nacional de Procedimientos penales, y la juez de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral de pacho viejo, determinó que el ministerio público, a más tardar el 27 de octubre próximo, debe tener concluida su indagatoria y determinada la carpeta de investigación 245/2016, toda vez que estimó que la dilación en la que incurrió la Fiscalía General del Estado de Veracruz, era injustificada y violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia”.
“Es una determinación inédita, la juez ordenó también a la fiscalía abrir carpetas de investigación en contra de seis fiscales y tres directores de servicios periciales, a la que deberá investigarse por incumplimiento del deber legal y en su caso fincárseles responsabilidad penal” finalizó.
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