En aras de apoyar a las empresas Veracruzanas, principalmente en época de crisis, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares, propuso legislar para garantizar en la ley, que las obras que construye el gobierno del Estado se asignen preferentemente a constructoras de la entidad, lo cual contribuirá a detonar la economía local,
el diputado presentó una iniciativa que destaca que en la planeación, programación, presupuestación, contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control, de las obras públicas y los servicios relacionados con ellas, se dará prioridad a mano de obra veracruzana.
Los contratos de obra pública y servicios relacionados con ellas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente en tiempos de crisis económica plenamente justificadas, se adjudicarán exclusivamente a las personas físicas y morales con residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el municipio de que se trate, o del más cercano, recordó que empresarios y trabajadores adheridos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), han solicitado reiteradamente ser tomados en cuenta en la asignación de obras.
En el municipio de Poza Rica, bloquearon la carretera Tuxpan-México, a la altura de los trabajos de rehabilitación frente al acceso al aeropuerto “El Tajín”, para reclamar que son desplazados dado que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), sólo ha asignado contratos a constructoras foráneas, esto agrava la crisis económica de taxistas, conductores de vehículos de transporte públicos y turísticos, hoteleros, restauranteros, vendedores de comida, tianguistas, boleros, hasta constructoras, por citar solo algunos; han externado de manera generalizada la situación que les aqueja, algunos han llegado a bloquear calles y carreteras para que sean escuchadas sus demandas.
Del mismo modo, Guízar Valladares propuso adoptar medidas de tipo penal, económicas, civil y administrativa en contra de las empresas para que respondan frente a terceros afectados, en caso de accidente o afectación por descuido o negligencia de las obras adjudicadas, puso como ejemplo un caso en Córdoba donde una obra inconclusa provocó un accidente que le costó la vida a una niña de dos años.